Sheriffs de condados en la frontera de Arizona con México rechazan la HCR 2060, una de las leyes estatales migratorias más drásticas del país, que obligaría a los alguaciles y policías a detener y deportar a extranjeros indocumentados.
Mark Dannels, sheriff del condado Cochise, quien es un republicano conocido por criticar severamente las políticas migratorias de la Administración Biden, dijo que la propuesta no otorga los fondos necesarios a los departamentos de policía para su aplicación.
“Arrestar a traficantes de drogas, el decomiso de fentanilo ya ha agregado millones de dólares a nuestro presupuesto, aplicar esta legislación tendría un efecto triple”, dijo Dannels.
La medida, cuya aprobación será decidida por los votantes en las elecciones de 2024, amplía los poderes de los departamentos de policía y las cortes en Arizona para arrestar, encarcelar y deportar a migrantes que no cuenten con autorización para vivir en Estados Unidos y autoriza a jueces locales a dictar órdenes de deportación.
“Esta propuesta es malísima, es una completa estupidez, quieren obligar a que departamentos como el mío se conviertan en agentes de la Patrulla Fronteriza”, dijo David Halhaway, alguacil del condado Santa Cruz, donde está la ciudad de Nogales.
Halhaway indicó que una de sus mayores preocupaciones es el daño que este proyecto, el HCR-2060, podría causar entre las comunidades de minorías en caso de ser aprobado.
En este condado, que cubre parte de la frontera de Arizona con México, el 95% de sus residentes es de origen hispano.
“Tienen apellidos latinos como González y Martínez, hablan con acento y escuchan música en español, cómo voy a tener que verificar los documentos de casi todas las personas, incluyendo aquellos que viven en Nogales”, cuestionó el sheriff demócrata.
En caso de ser aprobada, la propuesta también obligaría a las agencias estatales a verificar el estatus migratorio de las personas que solicitan asistencia pública, y establecería sanciones más severas contra aquellos que presentan documentación falsa para solicitar empleo o beneficios públicos.
“Esta es una propuesta sumamente racista, solamente está siendo impulsada por intereses políticos de republicanos que buscan reelegirse”, enfatizó Halhaway.
La propuesta fue aprobada por la Asamblea de Arizona para ir a las urnas y de esa forma evitar el veto de la gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, quien en el pasado ha vetado iniciativas similares.
Hathaway considera que aplicar las leyes de inmigración corresponde solo al gobierno federal. “Es absurdo pensar que tendremos que llenar las cárceles locales con inmigrantes indocumentados, no es lógico”, dijo.
“El número de agentes fronterizos en mi condado es tres veces más que el número de agentes que yo tengo, sería casi imposible poder proporcionar seguridad a nuestra comunidad al mismo tiempo que tengamos que agregar funciones de agentes migratorios”, subrayó.
Por su parte, el republicano Dannels indicó que lo que se necesita es que el gobierno federal “haga su trabajo” y frenar el cruce de inmigrantes indocumentados.
“Lo que preocupa a los departamentos policiacos es que sin fondos estatales esta iniciativa va a colapsar el presupuesto de los departamentos policíacos en pocos meses”, agregó.
La HCR-2060 es similar a la Ley SB4 de Texas, en la que el estado sí otorgó fondos extras a los departamentos de policía.
Entretanto, activistas de Viviendo Unidos por un Cambio en Arizona (LUCHA, en inglés) pelean en las cortes para evitar que esta propuesta, la cual comparan con la polémica ley SB1070 de 2010, pueda llegar a las urnas.
Alejandra Gómez, directora ejecutiva de LUCHA, dijo que esta medida viola la Constitución estatal, que establece que las propuestas legislativas deben abordar un solo tema en vez de agrupar varios como la HCR-2060.
“Esta propuesta abriría la puerta al perfil racial y la discriminación en contra de nuestra comunidad latina igual que ocurrió con la SB-1070”, dijo la activista.
La SB-1070 otorgó el derecho a los departamentos policiales de cuestionar el estatus migratorio de los conductores “sospechosos” de ser indocumentados.
La legislación, que llegó a las cortes, aún se encuentra en vigor algo debilitada y solo permite que los departamentos policiacos llamen al servicio de inmigración cuando tienen sospecha del estatus migratorio de una persona.
En caso de que la agencia de inmigración no responda en un tiempo razonable, estos deben dejar ir a la persona si no ha cometido un delito grave.
La HCR-2060 va un paso más adelante, autorizando a los policías a detener y encarcelar a personas por su estatus migratorio.
