La incertidumbre sobre la lotería de green cards 2027 entró en una etapa decisiva. Mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos todavía no establece una fecha para abrir el registro del Programa de Visas de Diversidad, una demanda federal busca obligar al gobierno a habilitar el proceso y mantener abierta una ventana de inscripción de al menos 30 días.
El caso, presentado por el estudio Red Eagle Law contra el secretario de Estado, Marco Rubio, tendrá 3 momentos importantes durante septiembre. El calendario fijado por la jueza federal Jinsook Ohta, del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de California, marca plazos concretos para ambas partes y una audiencia que podría convertirse en el próximo punto de inflexión.
El primer día clave es este 14 de septiembre, cuando vence el plazo para que el gobierno federal presente su respuesta a la solicitud de una medida cautelar preliminar. La presentación deberá responder a los argumentos de Red Eagle Law, que pretende que el Departamento de Estado implemente el programa correspondiente al año fiscal 2027.
El segundo momento llegará el 18 de septiembre. Ese día finalizará el plazo otorgado al estudio jurídico para presentar su réplica a los argumentos del gobierno. Será la última intervención escrita prevista antes de que la jueza analice la solicitud en audiencia.
El tercer día, y posiblemente el de mayor expectativa, será el 24 de septiembre. Para las 9:30 de la mañana, hora local, está programada una audiencia en la sala 13B del tribunal federal de San Diego, California. Allí se analizará la petición de una medida cautelar preliminar.
La resolución de la jueza será especialmente relevante porque podría determinar si el Departamento de Estado debe tomar medidas para poner en marcha el proceso de inscripción. Sin embargo, el expediente no permite afirmar que la audiencia vaya a producir automáticamente una fecha de apertura.
Red Eagle Law presentó su moción de emergencia el 7 de septiembre, apenas un día antes del plazo establecido previamente por la magistrada. La firma sostiene que existe una obligación legal de establecer una ventana de participación para el programa correspondiente a cada año fiscal.
La demanda llega después de un primer rechazo judicial
El actual calendario surgió después de que Ohta rechazara, el 3 de septiembre y sin perjuicio, una solicitud de orden de restricción temporal presentada por los demandantes. Esa petición buscaba que el gobierno federal reanudara de inmediato el proceso de inscripción.
El rechazo, no obstante, no cerró el litigio. La jueza permitió que el caso avanzara mediante un cronograma acelerado y dejó pendiente el análisis de fondo sobre si la actuación del Departamento de Estado se ajusta a la legislación federal.
Durante aquella audiencia, según el material citado en el expediente periodístico, Ohta advirtió que el paso del tiempo podía dificultar la concesión de la medida de emergencia. La magistrada señaló que, incluso actuando con rapidez, el tribunal enfrentaba un escenario en el que parte del proceso ya se encontraba retrasado.
Para los posibles participantes, el dato resulta crucial: la demanda sigue abierta, pero no equivale a una confirmación de que el registro de la lotería de green cards 2027 vaya a comenzar.
¿Por qué Red Eagle Law llevó el caso a los tribunales?
La firma inició la demanda contra Rubio el 19 de agosto. Su argumento central es que el Departamento de Estado incumplió su obligación de establecer un período de inscripción para el ciclo 2027 y que esa conducta sería, según la presentación judicial, arbitraria, caprichosa y contraria a la ley.
El estudio también sostiene que las regulaciones federales contemplan una ventana de registro cada año fiscal y recuerda que, tradicionalmente, las inscripciones de la lotería de visas se realizan durante octubre y noviembre.
Otro de los argumentos está relacionado con el impacto económico que tendría la paralización del procedimiento. Curtis Lee Morrison, propietario y abogado de Red Eagle Law, afirmó que una parte importante de los ingresos del despacho procede de la representación de participantes y personas seleccionadas en el Programa de Visas de Diversidad.
Las autoridades también cuestionaron la legitimación de la firma para presentar la demanda. Según su posición, el Congreso creó el Programa de Visas de Diversidad para potenciales inmigrantes, no para despachos jurídicos que puedan beneficiarse comercialmente de su existencia.
