La política de detención obligatoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sufrió el viernes un nuevo golpe judicial. Un panel dividido del Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones rechazó la interpretación impulsada por la administración de Donald Trump, según la cual ciertos inmigrantes que llevan años viviendo en el país pueden ser detenidos sin derecho a una audiencia para solicitar fianza.
El fallo representa el octavo revés consecutivo en tribunales federales de apelaciones para esta estrategia del gobierno. La decisión fue emitida en los casos de Gabriel Buele Morocho y Wanderson Lopes De Andrade, dos inmigrantes que habían vivido durante años en Estados Unidos antes de ser detenidos por ICE. El caso fue argumentado ante el tribunal en mayo y quedó en manos de un panel integrado por las juezas Patty Shwartz y Jennifer Mascott, además del juez Theodore McKee.
La jueza Shwartz, quien redactó la opinión mayoritaria, sostuvo que los inmigrantes que han construido vínculos importantes con comunidades estadounidenses cuentan con protecciones constitucionales. McKee se sumó a esa posición. Mascott, designada por Trump, discrepó y argumentó que la decisión genera una diferencia difícil de justificar entre quienes son detenidos después de ingresar al país y quienes se presentan ante las autoridades migratorias.
La disputa puede llegar a la Suprema Corte
El conflicto gira alrededor de la interpretación de la sección 1225(b)(2)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La administración comenzó a utilizarla de manera mucho más amplia en 2025 para sostener que personas que llevan años dentro de Estados Unidos podían ser consideradas solicitantes de admisión y, por ello, quedar sujetas a detención sin fianza.
Sin embargo, distintos tribunales han cuestionado esa postura. En documentos judiciales de Pensilvania se señala que la mayoría de los inmigrantes que ya viven dentro del país deben quedar bajo la sección 1226(a), que contempla la posibilidad de una audiencia de fianza individualizada.
