El estatus de refugiado en Estados Unidos puede quedar en riesgo con mucho menos margen para defenderlo. Una disposición impulsada por la administración de Donald Trump redujo de 30 a 10 días el plazo para que determinadas personas respondan cuando las autoridades buscan terminar su protección, un cambio que ha despertado críticas de organizaciones dedicadas al reasentamiento y la defensa de refugiados.

La medida modifica el procedimiento que utiliza el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuando considera que una persona no cumplía los requisitos para ser reconocida como refugiada al momento de su admisión al país. La norma, publicada en el Federal Register, entró en vigor sin el periodo previo habitual de notificación y comentarios públicos.

El cambio no significa que todas las personas refugiadas perderán automáticamente su estatus. Sin embargo, reduce el tiempo disponible para responder a una notificación oficial y presentar argumentos o documentos antes de que las autoridades tomen una decisión sobre su protección.

De 30 a 10 días para defender el estatus de refugiado

Antes de esta modificación, las personas que recibían una notificación de intención de terminar su estatus contaban con 30 días para responder. Con la nueva disposición, ese periodo se reduce a 10 días, lo que puede complicar la búsqueda de un abogado, la traducción de documentos y la obtención de registros necesarios para defender un caso.

“Estas familias hicieron todo lo que se les pidió. Se sometieron a entrevistas, verificaciones de antecedentes y años de espera en el extranjero, y solo pisaron suelo estadounidense una vez que los funcionarios gubernamentales aprobaron sus solicitudes”, declaró.

El directivo advirtió que diez días pueden resultar insuficientes para conseguir representación legal y reunir pruebas, especialmente para quienes tuvieron que abandonar sus países por conflictos o persecución.

La modificación tampoco se limita a una discusión administrativa: el tiempo para responder puede ser determinante cuando una persona necesita demostrar que cumplía las condiciones para recibir protección. Según la norma, el procedimiento se refiere a casos en los que las autoridades consideran que el reconocimiento original del estatus no estaba justificado.