La Administración Trump solicitó a la Corte Suprema que le permitiera reanudar el proyecto de construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, en Texas.
El Gobierno presentó un recurso de emergencia en el que pidió a los magistrados que revocaran una decisión de un tribunal inferior que suspendía las obras allí. Esa resolución supuso un revés para uno de los proyectos emblemáticos del presidente, Donald Trump.
La Administración ha avanzado a toda marcha con la construcción del muro fronterizo y otras obras de infraestructura desde el océano Pacífico hasta el golfo de México.
La noticia representó una gran victoria para los propietarios de tierras, las empresas y los grupos ecologistas de la región, quienes se han unido para oponerse a los proyectos de infraestructura previstos.
Estos forman parte de una iniciativa de 46,000 millones de dólares de la Administración Trump para cubrir la frontera sur con una combinación de muros de acero de 30 pies de altura, barreras para vehículos, carreteras y tecnología de vigilancia.
La jueza Kathleen Cardone declaró en su fallo que era “probable que los demandantes prosperen en cuanto al fondo de al menos una de las reclamaciones de la demanda”, que existe la probabilidad de que sufran “daños graves e irreparables si no se dicta una medida cautelar” y que “el equilibrio de intereses y el interés público juegan a su favor”.
Los opositores al proyecto del muro fronterizo han argumentado que la región de Big Bend, en Texas, es tan remota y su paisaje tan accidentado que actúa por sí mismo como elemento disuasorio contra la inmigración ilegal. Asimismo, sostienen que la administración infringió la ley al emitir una serie de exenciones que le permitieron eludir numerosas normativas para acelerar los proyectos de infraestructura del muro.
