Providence – El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, y la Policía Estatal de Rhode Island publicaron el lunes directrices para el uso estatal de lectores automáticos de matrículas. Esto se produce tras meses de críticas públicas y la cancelación de contratos con Flock por parte de varias comunidades.
La política modelo, que el gobernador insta a los departamentos de policía locales a adoptar, establecería normas para la retención y el intercambio de datos. “Los lectores automáticos de matrículas pueden ser una herramienta valiosa para las fuerzas del orden, pero debemos asegurarnos de que se utilicen de forma responsable y que se proteja la privacidad de las personas”, declaró el gobernador McKee en un comunicado. Esta exigiría que los datos se eliminen en un plazo de 30 días, salvo que se conserven para una investigación, y garantizaría una auditoría trimestral de los sistemas ALPR de los departamentos.
En agosto, el gobernador ordenó una pausa de 60 días en la instalación de cámaras Flock por parte de la policía estatal, con el fin de dar tiempo al estado para revisar y desarrollar una política integral. En ese momento, la policía estatal había instalado 24 de las 39 cámaras contratadas. Ahora, la oficina del gobernador está extendiendo la moratoria sobre nuevas cámaras para dar tiempo a redactar la legislación.
La ACLU de Rhode Island emitió un comunicado en respuesta al anuncio de la política. “La ACLU agradece que la suspensión de nuevas instalaciones de sistemas de reconocimiento automático de matrículas (ALPR) se mantenga vigente, así como algunas de las disposiciones de la política recomendada, diseñadas para establecer límites a su uso. Sin embargo, en general, la política promete mucho menos de lo que aparenta”, se lee en parte del comunicado.
La organización también expresó su preocupación por la falta de participación ciudadana en el proceso de redacción de la política. “No se ha solicitado la opinión pública sobre estas recomendaciones de política, que podrían aplicarse a todo el estado”, declaró Madalyn McGunagle, asociada de políticas de la ACLU de Rhode Island. Según el texto, la política será revisada anualmente por las agencias que la redactaron.
