California volvió a llevar al gobierno de Donald Trump ante los tribunales, esta vez para frenar los arrestos de inmigrantes por motivos migratorios dentro y cerca de los juzgados estatales. La demanda, presentada por el fiscal general Rob Bonta, marca el litigio número 100 del estado contra la administración republicana en menos de dos años y reabre el debate sobre el alcance de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Bonta sostiene que las detenciones de personas por infracciones civiles de inmigración en instalaciones judiciales interfieren con el funcionamiento de la justicia y vulneran derechos fundamentales. El fiscal advirtió que el temor a ser arrestados está alejando a víctimas y testigos de los tribunales, con consecuencias para procesos penales.
El funcionario calificó como un “hito aleccionador” que California haya tenido que demandar tantas veces al gobierno federal y acusó a Trump de actuar de manera reiterada contra los límites legales de su cargo.
