El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó este martes Programa Piloto de Manejo de Casos (CMPP, por su siglas en inglés) para acercar asesoría legal a inmigrantes en proceso de deportación.

El plan, al que podrán suscribirse en forma voluntaria los inmigrantes, también contempla Alternativas a la Detención (ATD, en inglés).

“(El plan es) para garantizar que los no ciudadanos en procesos de deportación tengan acceso a información legal y otros servicios necesarios”, indicó el DHS.

Se agrega que las alternativas a la detención permitirán a personas solas y familias acceder a opciones de “permanencia”, mientras esperan el resultado de los procedimientos de inmigración en tribunales.

“Este nuevo plan piloto… complementará los programas existentes de Alternativas a la Detención administrados por (ICE) e informará las mejores prácticas para el futuro”, se adelantó.

Se trata de un primer paso de la Administración Biden para otorgar asesoría legal a inmigrantes indocumentados en proceso de deportación, algo a lo que no está obligado al Gobierno, según abogados consultados por este diario.

El presidente Joe Biden integró en su reforma migratoria una estrategia para destinar fondos para la asesoría legal a inmigrantes, pero también el Congreso, como lo impulsó la senadora Kirsten Gilliabrand (Nueva York).

“Estamos muy contentos de asociarnos con organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales en este programa piloto para mejorar los servicios para los no ciudadanos en los procedimientos de inmigración”, destacó la Oficial de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS, KatherineCulliton-González, quien presidirá la Junta Nacional para el Programa Piloto de Manejo de Casos. “Aliento a las organizaciones que trabajan con personas que no son ciudadanos a que se postulen para participar en la Junta Nacional del Programa”.

Se indicó que los fondos se otorgarán a organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales a través de una Junta Nacional, similar al Programa de Refugio y Alimentos de Emergencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

“Los servicios del Programa… incluirán, entre otros: servicios de salud mental; detección de tráfico sexual y de personas; programas de orientación legal; programas de orientación cultural; conexiones a servicios sociales; y servicios de planificación de la salida y reintegración para las personas que regresan a sus países de origen”, indicó el DHS.

La Administración Biden reconoce que, como parte de los esfuerzos de mitigación de la pandemia de COVID-19, se continúa expulsando a la mayoría de los adultos solteros y a las familias bajo el Título 42.

Ahora bien, las personas que podrán participar en el programa, a través de organizaciones civiles, son aquella que no pueden ser expulsadas bajo el Título 42.

Es importante enfatizar que este programa, aunque beneficia a inmigrantes, no aplica directamente a las personas, sino que será administrado por las organizaciones civiles.

La iniciativa del DHS ocurre luego de que el secretario Alejandro Mayorkas reconociera una crisis en la frontera que ha obligado a la expulsión y deportación acelerada de miles de inmigrantes.

En julio, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (CBP) reportó la llegada de  212,672 personas que intentaron ingresar en forma irregular por al frontera sur a Estados Unidos, eso representa un incremento del 13% con respecto a junio, el mayor en los últimos seis meses.