La Corte de Apelaciones para el Circuito de Washington, D.C. desestimó una demanda que buscaba revertir los programas de ‘parole’ o libertad condicional que creó el gobierno del presidente Joe Biden y que protegía a miles de personas.
De este modo, el gobierno del presidente Donald Trump podrá continuar con su política de cancelación del programa y procesar a los inmigrantes bajo tal protección para su proceso de deportación, incluso en forma acelerada.
En una decisión 3-0, el Tribunal de Apelaciones anuló un fallo de un tribunal inferior que había impedido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aplicar la deportación acelerada para estos inmigrantes.
“Los líderes del Departamento de Seguridad Nacional emitieron un memorándum y enviaron un correo electrónico sugiriendo que los funcionarios deberían considerar someter a los reclusos en libertad condicional a una expulsión acelerada. Varios reclusos en libertad condicional impugnaron la legalidad del memorándum y del correo electrónico. Sin embargo, no impugnaron las facultades que permiten al gobierno someterlos a la expulsión acelerada”, señala la opinión.
Agrega que la pregunta central de la apelación es si las organizaciones demandantes tienen legitimidad procesar en el caso.
“La cuestión que se plantea es si las organizaciones tienen legitimidad procesal para impugnar la acción gubernamental con el fin de evitar la expulsión acelerada de sus miembros sin demostrar que la medida solicitada probablemente reduciría la probabilidad de que sus miembros sean objeto de la expulsión acelerada”, agrega la opinión. “No la tienen”.
La decisión de la corte desecha la determinación de una corte de Distrito sobre el caso Coalition for Humane Immigrant Rights v. Mullin.
“Los demandantes no pueden solicitar una reparación que no les beneficie en nada”, indica la decisión. “Los demandantes en este caso intentaron hacer precisamente eso. Por lo tanto, revocamos la suspensión dictada por el tribunal de Distrito”.
La demanda original fue presentada por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), CASA y la Red UndocuBlack, y la apelación fue hecha por el DHS, representada por Tyler J. Becker, asesor jurídico del Fiscal General Adjunto del Departamento de Justicia.
Deportaciones aceleradas en proceso
La Federation for American Immigration Reform (FAIR) presentó un documento amicus curiae (amigos de la corte) a favor de la administración Trump y celebró la decisión de la corte de apelaciones.
Dale L. Wilcox, director ejecutivo y asesor jurídico general de FAIR, afirmó que la decisión de la corte es en contra de una política del presidente Biden por “permitir la entrada masiva de extranjeros”, aunque la determinación de los jueces se enfoca a la legitimidad de las organizaciones para impugnar la política de la administración Trump.
Wilcox recuerda también que la decisión de la corte de apelaciones se alinea a la reciente determinación de la Corte Suprema sobre deportaciones aceleradas.
“La Corte Suprema fue absolutamente clara al afirmar que el Presidente tiene la facultad inherente de expulsar a extranjeros, incluyendo a quienes se encuentran en libertad condicional”, indicó. “Nos complace que la Corte haya reconocido el amplio abanico de facultades de expulsión a disposición de Trump y haya concluido acertadamente que esta demanda era un ejercicio inútil”.
El programa de ‘parole’ protege distintos tipos de inmigrantes y uno de los más criticados por los opositores del presidente Biden fue la llamada visa humanitaria para los originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, un programa que habría protegido a casi medio millón de personas que llegaron legalmente a EE.UU.
Con la nueva decisión, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podría procesar más fácilmente a miles de inmigrantes.
Las organizaciones demandantes no se han expresado sobre si impugnarán ante la Corte Suprema.
