Mientras cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción, la expresidenta argentina Cristina Fernández y su hijo afrontan desde este viernes un juicio en el que están acusados de utilizar sus negocios hoteleros e inmobiliarios para quedarse con millonarios fondos públicos.
El tribunal federal que encabeza el proceso busca determinar si los fondos otorgados a empresarios durante los mandatos de Fernández (2007-2015) y de su fallecido esposo Néstor Kirchner (2003-2007) retornaron al patrimonio familiar mediante el alquiler de habitaciones de hoteles que no fueron ocupadas y maniobras realizadas con otros inmuebles del matrimonio en la provincia de Santa Cruz y en la capital argentina.
La fiscalía acusa a Fernández —actual líder del peronismo opositor — de haber sido jefa de una asociación ilícita. A su hijo, el diputado peronista Máximo Kirchner, lo acusa de haber sido el organizador de esa estructura delictiva. Como partícipes fueron señalados exfuncionarios y empresarios. Sobre los acusados también pesa la imputación de lavado de dinero.
La máxima condena por esos delitos es de 10 años de prisión.
La casi veintena de procesados presenció el inicio del debate de forma virtual. Fernández, de 73 años, lo hizo desde el apartamento donde cumple desde 2025 una condena de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la concesión irregular de obras viales al empresario Lázaro Báez, quien está entre los acusados en el juicio actual.
Fernández y su hijo rechazan las imputaciones y sostienen que los hoteles y otros inmuebles eran negocios legítimos. La exmandataria afirma que es víctima de una persecución de sectores políticos contrarios que están confabulados con la justicia para desterrarla de la arena política.
Su defensa califica las acusaciones de “disparate jurídico”. En ese sentido destacó tiempo atrás la existencia de peritajes sobre dinero bancarizado que demostrarían la legalidad de los fondos, los cuales no fueron tenidos en cuenta por la justicia en el marco de la causa.
La dirigente política afronta además diferentes investigaciones por otros presuntos delitos.
