Alrededor de 500 migrantes venezolanos, centroamericanos y de otros países atravesaron el viernes filas policiales y de la Guardia Nacional en el sur de México, en una de las primeras marchas de este tipo en el año.
Los migrantes describieron la marcha como una protesta anual tradicional vinculada con la Semana Santa, y los que caminaban al frente cargaban una cruz blanca, como ha sucedido en años anteriores.
Pero este año, la protesta comenzó dos semanas antes, y algunos dijeron que, en lugar de la habitual marcha breve, tratarían de llegar a la frontera con Estados Unidos.
En un enfrentamiento con efectivos de la Guardia Nacional y agentes de inmigración, los migrantes utilizaron la cruz que portaban como un ariete para abrirse paso y la cruz de madera se hizo pedazos.
Los agentes, que tenían escudos antimotines, porras y lo que parecía ser aerosol irritante, detuvieron a algunos migrantes. Los dos bandos intercambiaron golpes y muchos migrantes abandonaron sus mochilas en medio del tumulto.
Algunos lograron abrirse paso y desaparecer por carreteras y senderos de tierra, pero gran parte del resto de los manifestantes se refugió en una iglesia a pocos kilómetros de Tapachula.
Los migrantes partieron de Tapachula, una ciudad del sur de México cerca de la frontera con Guatemala, el viernes por la mañana. Muchos dicen sentirse básicamente presos en Tapachula debido a la lenta tramitación de sus pedidos de asilo, y se quejan de que no consiguen trabajo en el estado de Chiapas para poder mantener a sus familias.
“Nos tienen prácticamente presos, no nos dejan salir de este estado ya que nosotros estamos aquí (de manera) irregular”, sostuvo la venezolana Noreydi Chávez. “Nos exigen sacar visa, refugio, pero nunca tenemos respuesta de nada. Hacemos papeleos y nunca nos atienden”.
El peruano Reynaldo Bello se sumó a la marcha con su esposa y su bebé porque estaban viviendo en un parque y pasando hambre mientras aguardaban la tramitación de sus papeles.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden anunció el viernes el fin de una norma que permitía rechazar los pedidos de asilo para proteger a Estados Unidos del coronavirus.
Estados Unidos ha expulsado migrantes 1,7 millones de veces bajo el amparo de dicha política, conocida como Título 42, que fue implementada en marzo de 2020.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) dijeron que la norma cesaría a partir del 23 de mayo.
Durante el pico de la variante ómicron, a fines de enero, los CDC habían extendido la orden hasta esta semana.
