Con un cartel que decía “el Ejército debe rendir cuentas” congresistas protestaron el miércoles contra la negativa del secretario de la Defensa de comparecer ante el Congreso, situación que ha incrementado las críticas entre opositores y analistas sobre la creciente opacidad de las fuerzas armadas mexicanas en momentos en los que el gobierno le delega cada vez más tareas y se amplía su permanencia en las calles en labores de seguridad pública.
Ocurrió durante el debate en el Senado sobre las políticas de seguridad del gobierno, donde el secretario de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, y el secretario de la Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, se hicieron presentes, pero no intervinieron por decisión de la mayoría oficialista que canceló sus comparecencias y sólo autorizó que hablara la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.
Por varias horas Sandoval presenció en silencio las críticas que le hicieron senadores opositores por no rendir cuentas sobre el papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública, y debió enfrentar insultos y acusaciones.
En su intervención Rodríguez negó que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se promueva la militarización de país, como sostienen opositores y activistas, y aseguró que con el proyecto del mandatario se busca promover la paz y no “someter el pueblo civil con violencia y fuerza militar”.
La suspensión de la comparecencia se da pocos días después que Sandoval rechazó acudir ante la comisión Defensa de la Cámara de Diputados que lo invitó para hablar de la extracción masiva de archivos que sufrió la Sedena por parte de un grupo de hackers llamado Guacamaya, muchos de los cuales han sido difundidos en los últimos días por medios locales.
El diputado opositor Sergio Barrera, secretario de la Comisión de Defensa de la cámara baja, manifestó inquietud por la situación, y dijo a The Associated Press que “si no rinden cuentas, si no hay transparencia, es un tema que a todos los mexicanos nos debería preocupar”.
Organizaciones civiles y activistas también han cuestionado la opacidad que hay en algunos proyectos de obras públicas que han sido manejados por las fuerzas armadas, así como algunos casos de violaciones de los derechos humanos en los que han resultado involucrados militares y la Guardia Nacional, que el mes pasado pasó a control del Ejército.