El presidente Alejandro Giammattei reeligió el lunes a la actual fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, para cuatro años más como jefa del Ministerio Público a pesar de las críticas nacionales e internacionales contra su gestión por falta de compromiso en el combate a la corrupción.
El presidente hizo el anuncio frente a su gabinete de gobierno y a diputados aliados. “Estoy convencido que el Ministerio Público debe ser una institución independiente”, dijo, y agregó que el proceso de elección fue un transparente “apegado a la ley y legítimo”.
Tras el anuncio de reelección, el presidente procedió a la juramentación.
Una comisión de postulación envió previamente a Giammattei una lista de seis candidatos. Cinco fueron electos y se incluyó a Porras por orden de la Corte de Constitucionalidad.
“Hoy puedo afirmar con gran satisfacción que hemos afianzado al Ministerio Público como una institución inminentemente sin ningún tipo de sesgo o ideología ni política”, dijo Porras en su discurso junto al presidente.
Según la fiscal, rescataba una fiscalía “que en el pasado estaba siendo instrumentalizada para fines políticos e ideológicos” y que ella lograba devolverla a los guatemaltecos. Agregó que ha recibido ataques por parte de algunas personas que buscan una justicia parcializada, pero no dio detalles ni pruebas.
“Por la justicia, por mi gente, por mi país lo doy y daré todo siempre”, dijo la fiscal.
Juan Pappier, de Human Rights Watch, escribió en Twitter que la decisión pone a la democracia guatemalteca en “grave riesgo”. Añadió que “Porras se ha dedicado a frenar investigaciones por corrupción e impulsar causas espurias contra periodistas, fiscales y jueces”.
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) se pronunció a su vez en un comunicado de prensa y afirmó que “condena la reelección de la Fiscal General. Esta decisión provocará mayores restricciones a la libertad de expresión, violaciones a los derechos humanos y criminalización de periodistas”, debido a procesos judiciales iniciado contra miembros de la prensa.
Horas antes, Porras presentó su informe anual. El martes concluirá su gestión de cuatro años.
En la mañana Porras, de 68 años, habló sobre las bondades de su trabajo y defendió su administración pese a las denuncias de ataques de la fiscalía contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas que trabajaron en la lucha contra la corrupción.
La fiscal dijo que durante su gestión trabajó para que el Ministerio Público llegara a los 340 municipios del país y aseguró que la institución que preside ha velado por las leyes y por la justicia para todas las personas, sin excepciones.
En su informe resaltó que el delito de violencia contras las mujeres es el más denunciado. La diputada opositora Andrea Villagrán dijo en sus redes sociales que en 2021 el 39% de las denuncias de violencia contra la mujer fueron desestimadas. “Esta práctica del MP fomenta la Impunidad y obstaculiza el acceso a la justicia para las Mujeres️ y Niñas”, explicó a la AP.
Porras asegura que durante su gestión se marcó un precedente en el combate a la corrupción. Sin embargo, durante su administración también se han exiliado más de 20 operadores de justicia entre los cuales hay por lo menos hay 15 fiscales que se consideran perseguidos por supuestas fallas en las investigaciones anticorrupción que realizaban.
La fiscal dijo que algunas personas en el pasado instrumentalizaron a la institución “en favor de uno o de otros”, que ”simplemente huyen de la justicia evadiendo su responsabilidad penal”. La fiscal pidió a jueces ordenes de aprehensión contra los fiscales exiliados.
“Jamás he dado un paso atrás y jamás lo daré”, dijo Porras.
Entre los fiscales exiliados están Juan Francisco Sandoval, quién lideró junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) investigaciones anticorrupción que desarticularon por lo menos 60 estructuras criminales y llevaron a la justicia a jueces, políticos y empresario acusados de corrupción.
Porras destituyó a Sandoval en2021. Sandoval denunció que su destitución se había hecho poco tiempo después de que recibiera información de posibles actos de corrupción y sobornos del presidente Giammattei, quien ha dicho públicamente que es amigo de Porras. La fiscal no ahondó en las denuncias contra Giammattei, pero sí inició un proceso contra Sandoval, quién se exilió en Estados Unidos.