Ocho meses después de cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos, una pareja de veintitantos años se sentó en un tribunal de inmigración en Miami con sus tres hijos pequeños. A través de un intérprete, pidieron a un juez que les diera más tiempo para encontrar un abogado que les ayudara a solicitar asilo y no ser deportados de regreso a Honduras, donde las pandillas los amenazaban.
La jueza Christina Martyak aceptó una prórroga de tres meses y remitió a Aarón Rodriguéz y Cindy Baneza a la asistencia jurídica gratuita proporcionada por la Arquidiócesis Católica de Miami en el mismo tribunal, y su caso es aún uno de los 3 millones sin precedentes que en este momento siguen pendientes en los tribunales de inmigración de todo Estados Unidos.
Impulsada por aumentos récord en el número de inmigrantes que buscan asilo tras ser detenidos por cruzar la frontera ilegalmente, la acumulación de casos en los tribunales ha aumentado en más de 1 millón durante el último año fiscal y es ahora el triple de lo que era en 2019, según datos del gobierno compilados por la Transactional Records Access Clearinghouse (Oficina de Información de Acceso a Registros Transaccionales) de la Universidad de Syracuse.
A jueces, abogados y defensores de los inmigrantes les preocupa que esto esté haciendo inviable un sistema ya saturado porque suelen requerirse varios años para otorgar a los solicitantes de asilo una nueva vida estable y deportar a quienes no tienen derecho a permanecer en el país.
