La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en coordinación con el Centro de Justicia MacArthur y un bufete privado, presentaron una demanda en contra de la administración federal por presuntamente permitir que se violen los derechos de los inmigrantes detenidos en el centro de Inmigración de Broadwiew, ubicado cerca de Chicago.
En la querella se menciona que, al ser privados de su libertad, los extranjeros carentes de estatus legal detenidos son expuestos durante días a condiciones insalubres e inseguras.
Presuntamente, el inmueble señalado no está acondicionado para que los detenidos permanezcan por periodos prolongados y no tampoco cuentan con servicio médico, suficiente comida, agua o productos de higiene. Al parecer, sólo reciben dos o tres emparedados fríos a lo largo del día.
Otro punto a destacar es que los inmigrantes se ven obligados a permanecer de pie durante las noches, esto debido a los reducido que lucen las cuatro pequeñas celdas de detención, las cuales suelen estar repletas haciendo difícil encontrar un espacio para dormir siempre acompañados de luz artificial, lo cual podría considerarse maltrato psicológico.
Sin embargo, quizá lo más grave es la imposibilidad de que los inmigrantes puedan comunicarse con sus familiares o con un abogado para orientarlos sobre su situación legal.
“Al impedir el acceso a los detenidos dentro de Broadview, los acusados han creado una caja negra donde hacen desaparecer personas de los sistemas de justicia e inmigración de Estados Unidos”, menciona la demanda.
Incluso se destaca que algunas personas son presionadas a firmar documentos renunciando a sus derechos y aceptando ser deportadas a sus países de origen sin presentarlas ante un juez de inmigración.
Al respecto, a través de un comunicado, Alexa Van Brunt, directora de la oficina del Centro de Justicia MacArthur en Illinois, alertó a las personas en riesgo de ser detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas para que hagan valer sus derechos.
“Toda persona, independientemente de su estatus legal, tiene derecho a acceder a un abogado y a no ser sometida a condiciones horribles e inhumanas“, indica parte de la misiva.
Hasta el momento, ningún funcionario del gobierno ha emitido comentarios sobre la demanda en curso.
