El intento de ampliar la detención masiva de inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recibió un nuevo revés en los tribunales de inmigración. Un panel unánime del Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito, con sede en Denver, rechazó la interpretación impulsada por la administración de Donald Trump, al considerar que la política se basa en una lectura errónea de la ley de inmigración vigente desde hace tres décadas.
Con esta decisión, ya son cuatro los tribunales federales de apelaciones que han fallado contra la estrategia del gobierno, mientras que dos se han pronunciado a favor. La creciente división entre circuitos aumenta la posibilidad de que el caso termine siendo resuelto por la Corte Suprema.
La disputa por la detención obligatoria de inmigrantes
El centro del litigio es la reinterpretación que el ICE hizo de una ley de hace 30 años. Tradicionalmente, la norma permitía la detención obligatoria sin derecho a fianza de personas que acababan de ingresar al país y solicitaban admisión.
Sin embargo, hace casi un año la agencia comenzó a aplicar esa disposición a prácticamente cualquier inmigrante que considerara deportable, incluso si llevaba años viviendo en Estados Unidos. Esto eliminó, en muchos casos, la posibilidad de solicitar una audiencia para obtener libertad bajo fianza.
El juez Richard Federico, autor de la resolución y nombrado por el expresidente Joe Biden, sostuvo que la controversia afecta a miles de personas y dejó claro que solo el máximo tribunal podrá zanjar el conflicto.
“Actualmente se están librando muchas más batallas legales sobre esta política en tribunales de todo el país… En última instancia, solo un tribunal, la Corte Suprema, puede resolver este asunto de una vez por todas”, escribió Federico.
Más demandas y presión sobre los tribunales
La decisión del Décimo Circuito coincide con fallos similares emitidos por los tribunales de apelaciones del Segundo, Sexto y Undécimo Circuito. En contraste, el Quinto y el Octavo Circuito respaldaron la postura del gobierno, mientras otros cinco tribunales aún analizan casos relacionados.
La semana pasada, el Departamento de Justicia solicitó formalmente a la Corte Suprema intervenir para resolver la disputa jurídica. La decisión que adopte el máximo tribunal podría redefinir el alcance de la política migratoria, las facultades del ICE y el acceso de miles de inmigrantes a audiencias de fianza durante sus procesos de deportación.
