La Corte Suprema propinó un importante revés al presidente Donald Trump al declarar inconstitucional su orden ejecutiva que buscaba restringir la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes irregulares nacidos en territorio estadounidense.
Con una votación de 6 votos contra 3, el máximo tribunal concluyó que la Constitución de Estados Unidos protege este derecho y que ningún presidente puede modificarlo mediante una orden ejecutiva. La resolución deja sin efectos el decreto firmado por Trump al inicio de su segundo mandato en 2025, una de las piezas centrales de su política migratoria.
La demanda fue impulsada por la ACLU, junto con la ACLU de Maine, la ACLU de Massachusetts, la ACLU de Nuevo Hampshire, el Fondo de Defensa Legal, el Asian Law Caucus y el Fondo de Defensores de la Democracia, en representación de menores que habrían perdido el acceso automático a la ciudadanía bajo la medida presidencial.
La Corte reafirma un derecho constitucional histórico
El fallo fortalece un principio vigente desde hace más de 150 años, derivado de la Decimocuarta Enmienda, que establece que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana del país, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Por su parte, Molly Curren Rowles, directora ejecutiva de la ACLU de Maine, calificó la resolución como “una victoria para las familias inmigrantes” y aseguró que reafirma el consenso legal que durante décadas ha reconocido a Estados Unidos como una nación de inmigrantes.
