Recuperar la libertad no siempre significa poder comenzar de nuevo. Siete inmigrantes que estuvieron bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos denuncian que, incluso después de salir de los centros de detención, siguen sin recuperar documentos, teléfonos, dinero y otras pertenencias indispensables para reconstruir sus vidas.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al que acusa de retener de manera sistemática bienes personales durante meses después de la liberación de los detenidos.
Entre los objetos que, según la denuncia, permanecen en poder de las autoridades figuran pasaportes, licencias de conducir, tarjetas del Seguro Social, permisos de trabajo, dinero en efectivo, joyas, ropa y dispositivos electrónicos.
La organización sostiene que estas retenciones continúan incluso cuando no existe una razón legítima para conservar los bienes.
Las consecuencias, de acuerdo con los testimonios incluidos en la demanda, van más allá de perder objetos personales. La falta de documentos puede dificultar el acceso al empleo y limitar la posibilidad de llevar a cabo actividades cotidianas.
Uno de los demandantes es Vladimir Izmailov, un solicitante de asilo ruso que afirma que el ICE le confiscó documentos de autorización laboral, su billetera, su licencia de conducir y su anillo de bodas.
“Ahora tengo dificultades para mantener a mi familia porque el ICE todavía tiene mis documentos que demuestran que estoy autorizado para trabajar”, declaró Izmailov, según el texto de la denuncia citado en la información publicada.
El hombre también aseguró que la agencia conserva su anillo matrimonial, un objeto cuyo valor, explicó, va más allá de lo económico.
“El ICE incluso conserva mi anillo de bodas, que tiene un gran valor sentimental para mí y es irremplazable”, afirmó.
Otros demandantes sostienen que la falta de acceso a sus pertenencias les ha hecho perder oportunidades laborales y ha provocado que algunos teman salir de sus casas.
La ACLU exige que devuelvan las pertenencias
La ACLU argumenta que la presunta práctica vulnera la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a las personas frente a registros e incautaciones irrazonables. También sostiene que la retención contradice las propias directrices del ICE, que contemplan la devolución de los bienes personales cuando ya no existe un interés legítimo del gobierno para conservarlos.
“La Cuarta Enmienda existe para que los agentes gubernamentales demasiado celosos no puedan tomar y retener nuestra propiedad sin motivo alguno”, declaró Michael Perloff, abogado principal de la ACLU de Washington, D. C.
La demanda busca una orden judicial que obligue a la agencia a devolver las pertenencias y evite que situaciones similares se repitan. El caso fue asignado al juez federal Carl Nichols, nombrado durante la presidencia de Donald Trump.
El litigio se suma a otras acciones legales impulsadas por la organización contra las prácticas de las autoridades migratorias.
