El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió citaciones a funcionarios de California, incrementando así su escrutinio sobre la administración electoral local.
The Associated Press obtuvo copias de tres citaciones enviadas el miércoles 21 de octubre a empleados de la Oficina del Registro y Archivo del condado de Los Ángeles, ordenándoles comparecer ante el tribunal el 4 de noviembre, el día posterior a los comicios. Los documentos solicitan cualquier registro, documento y comunicación relacionados con cartas enviadas en julio y octubre por funcionarios federales a funcionarios electorales estatales, en las cuales se exponen acusaciones sobre la presencia de no ciudadanos en los padrones electorales del estado. Las citaciones también buscan información relacionada con los “métodos para detectar el voto ilegal de extranjeros” de la oficina, y cualquier cosa sobre los empeños para evitar que se cuenten votos de no ciudadanos.
Las citaciones fueron emitidas por los cuatro fiscales federales en California, según una persona al tanto del asunto, la cual insistió en guardar el anonimato para poder hablar de una investigación en curso.
Dean Logan, el registrador del condado de Los Ángeles, dijo: “ las amenazas y la intimidación no tienen lugar en las elecciones”.
El gobierno del presidente Donald Trump ha demandado para obligar a California a separar hasta 20.000 papeletas que sospecha se enviaron a no ciudadanos y no contarlas hasta que se pueda verificar si son ciudadanos o no. Un juez de un tribunal de distrito rechazó esa solicitud el martes, y luego, el jueves, designó a un perito especial para evaluar las afirmaciones del gobierno.
El juez federal de distrito David O. Carter no especificó el alcance exacto de las responsabilidades del perito especial Daniel B. Garrie, pero dijo que se le encargaría “desarrollar el expediente fáctico” para el tribunal.
En una audiencia judicial el martes, Carter dijo que quería examinar la lista del gobierno federal de más de 20.000 presuntos votantes no ciudadanos, ya que ha habido un amplio debate sobre su confiabilidad y ambas partes han acordado que incluye a un número no especificado de personas que sí son ciudadanos.
