El estado de Florida entabló una demanda contra la Administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, por la política migratoria conocida como «catch and release» (atrapar y liberar), que permite dejar en libertad a los indocumentados que fueron detenidos tras cruzar la frontera.
«Las ilegales políticas fronterizas de la administración Biden causan daños» a los «intereses cuasisoberanos» de este estado al obligarlo a «incurrir en gastos de millones de dólares», subraya la demanda, presentada por la fiscal estatal, Ashley Moody, en una corte federal en Pensacola, norte de Florida.
«Queremos que sean reinstauradas las políticas predecesoras» del Gobierno de Donald Trump (2017-2021) en materia migratoria, dijo hoy el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, en una rueda de prensa en la que criticó las que considera «destructivas políticas migratorias» y «de fronteras abiertas».
El gobernador dijo que desde que el demócrata Biden asumió la Presidencia en enero pasado la Patrulla Fronteriza «ha liberado a casi un cuarto de millón de inmigrantes ilegales» en el país.
«Es absolutamente una crisis», manifestó DeSantis, quien aprovechó la rueda de prensa para anunciar la designación del exfiscal federal Larry Keefe como el nuevo «zar» estatal de Seguridad Pública.
DeSantis dijo que la crisis ha sido creada tras la eliminación de políticas migratorias como «Permanecer en México» instaurada en 2019 por el republicano Trump, su padrino político, actualmente motivo de una batalla judicial, y por la que unos 70.000 migrantes fueron obligados a esperar en el país vecino el desarrollo de sus pedidos de asilo.
El gobernador dijo hoy que muchos de esos solicitantes de asilo «ni siquiera califican» para ello, y más bien los números «hablan por sí solos».
