Uno de los jueces más prominentes de Guatemala, que condenó al exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción, enfrenta la posibilidad de perder su inminidad, lo que abriría una larga lista de acciones legales en su contra iniciadas por familiares de personas a las que ha castigado en varios casos de alto perfil.
El juez Pablo Xitumul cree que se busca venganza por los fallos de gran repercusión que ha emitido en el país centroamericano.
“Los fallos hechos por jueces independientes en Guatemala” están teniendo consecuencias, advirtió en una entrevista con The Associated Press este juez de origen indígena, quien tiene 17 años de impartir justicia.
“Sí es una venganza, así lo percibo y de pronto no tanto como vengarse de Pablo Xitumul, sino un mensaje para los jueces de mayor riesgo por ser jueces objetivos, imparciales e independientes que juzgan temas de justicia transicional y corrupción”, señaló.
Xitumul dice que ha sido denunciado más de 30 veces, la mayoría de las veces por familiares o amigos de personas que él juzgó por delitos de lesa humanidad, como la condena a 80 años de prisión impuesta a Ríos Montt por genocidio en 2013 y que después fue revertida por la Corte de Constitucionalidad, o la condena —entre 33 y 50 años de prisión— contra cuatro altos cargos militares por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Thiessen ocurrida en 1981 durante la guerra en Guatemala (1960-1996).
El miércoles, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podría conocer un informe de un juez pesquisidor contra Xitumul que podría dar paso a retirar su inmunidad. Xitumul ha dicho que no se ha escuchado su versión de los hechos.
El incidente ocurrió en 2019, cuando policías intentaron en la calle allanar el vehículo del juez por sospechoso. El juzgador no permitió el allanamiento porque adentro iban sus hijos menores de edad y mujeres. Entonces hubo un intercambio de palabras con los policías y luego insultos y forcejeo que quedaron grabados en vídeo. Xitumul denunció a los policías y los policías al juez.
El Ministerio Público avanzó con la pesquisa contra el juez, pero pidió desestimar la acusación del juzgador contra los policías.
El Juez cree que “por instrucciones de la fiscalía general” su caso se aceleró y porque —asegura— habría un contubernio entre autoridades, militares condenados y sus familiares y los magistrados de la CSJ para retirarle su inmunidad y cobrar la justicia que ha impartido.
Incluso, algunas cuentas anónimas en redes sociales, que reciben información de funcionarios públicos, vaticinan que la Corte retiraría la inmunidad al juez.
La fiscalía basó la solicitud de retiro de inmunidad en algunos elementos como la denuncia de los policías, audios y vídeos grabados por los agentes, y se asignó a un juez que investigó.
