La ley que endurece las penas para el aborto y la prohibición del matrimonio igualitario y de incluir en la educación temas sobre la diversidad sexual aprobada por el Congreso de Guatemala generó el rechazo de un sector de la población, mientras el oficialismo designó a Ciudad de Guatemala como “Capital Pro Vida” de Iberoamérica.
Con 101 votos a favor de oficialistas y aliados, ocho en contra y 51 ausencias, el Parlamento aprobó la noche del martes la ley de Protección a la Vida y la Familia que contiene cambios en el Código Penal, entre ellos, el aumento de tres a 10 años de prisión a las mujeres que aborten.
La norma también amplía las penas a médicos y a aquellos que faciliten la interrupción del embarazo y la aumenta hasta 50 años de cárcel si se practica un aborto sin consentimiento y en consecuencia la madre muere, delito que antes tenía una condena a 12 años de prisión.
La legislación guatemalteca exceptúa como no punible el aborto terapéutico pero la nueva ley establece más requisitos para que esta excepción se aplique.
La aprobación va en camino contrario a lo que han hecho otros países en Latinoamérica como Colombia, que el mes pasado amplió el acceso al aborto cuando la Corte Constitucional votó a favor de legalizar el procedimiento hasta la semana 24 de embarazo. En septiembre, la Corte Suprema de Justicia de México dictaminó que el aborto no era un delito y que era inconstitucional castigarlo y en enero del año pasado entró en vigor en Argentina una ley que permite el aborto electivo hasta la semana 14 de embarazo y más allá en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer. La norma fue aún más significativa porque el papa Francisco es argentino.
La abogada feminista Stephanie Rodríguez explicó que al aumentar las penas de prisión “abre la posibilidad a que estas (las mujeres) sean investigadas penalmente si se tiene la pérdida del embarazo de forma natural”.
Organizaciones y defensores de derechos humanos criticaron que la norma criminaliza a las mujeres que abortan y reduce los derechos humanos de las personas LGBTI.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad por considerar que la nueva ley está fuera del ordenamiento jurídico y es discriminatoria.
“Es una vergüenza que en pleno 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) el Congreso haya dado una puñalada a las mujeres en Guatemala, un retroceso. Cuando el mundo se está abriendo, Guatemala esta retrocediendo limitando derechos y poniendo en riesgo a las mujeres”, dijo el procurador.
La Asociación La Familia Importa, que apoya la ley y promueve la vida desde su concepción, pidió al presidente analizar técnica y jurídicamente la norma para “que no sea ratificada una ley que pueda poner en riesgo derechos y garantías fundamentales de los guatemaltecos” y dijo que no puede sancionar ni promulgar dicho decreto “en tanto no se tenga la plena certeza jurídica de que el contenido completo se encuentra apegado a derecho”.
La ley también incluye prohibiciones como la del matrimonio o el reconocimiento de la unión libre de parejas del mismo sexo.
Cristian González, de Human Rights Watch, dijo que la norma es “peligrosa, representa una amenaza a los derechos de las mujeres y personas LGBT en el país”.
Además de la nueva ley, el gobierno sumó el miércoles la declaración del país centroamericano como Capital Pro Vida de Iberoamérica y la celebró este 9 de marzo, Día de la Vida y la Familia según otra norma aprobada por el Congreso en febrero.
El presidente Alejandro Giammattei dijo que el evento es “una invitación a unirnos a los guatemaltecos, a proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural, es un día para celebrar que tenemos un país que aprende, enseña y hace todo o posible por respetar la vida desde su concepción”.
Luis Lam, el embajador de Guatemala en las Naciones Unidas y uno de los propulsores y organizadores del evento, dijo que “Guatemala tomó la valiente decisión de unirnos al consenso de Ginebra que es una coalición de países que a nivel internacional declaran la defensa de la vida y la familia de forma contundente, estableciendo que el aborto no es un derecho humano como algunos pretenden llamar y que la familia es la institución fundamental de la sociedad”.
La nueva ley también prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencia políticas o programas “que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer”.
Según el Observatorio de Salud Reproductiva entre enero y diciembre de 2021 se registraron 72.077 nacimientos de madres de entre 15 y 19 años y 2.041 de niñas de 10 a 14 años.
