La Corte Suprema de Estados Unidos revocó el lunes una resolución judicial que impedía al Gobierno aplicar un decreto para restringir el uso de las papeletas de voto por correo para las elecciones de noviembre, que decidirán el control del Congreso, aunque sigue vigente otra resolución.
Los magistrados accedieron a una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para suspender una orden que la jueza federal Indira Talwani había dictado en junio para impedir que Donald Trump llevara a cabo su directiva en una coalición de 23 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, y Washington D. C., que habían presentado una demanda para impedirla.
El decreto ordenaba al Departamento de Seguridad Nacional que recopilara y transmitiera a los estados una lista de ciudadanos estadounidenses con derecho a voto en cada estado, y al Departamento de Justicia que diera prioridad a la investigación y el enjuiciamiento de los funcionarios electorales estatales y locales que entregaran papeletas a personas consideradas «no aptas» para votar en las elecciones federales.
Asimismo, exigía al Servicio Postal que entregara las papeletas únicamente a los votantes que figuraran en la lista aprobada por cada estado para el voto por correo. El Servicio Postal ha tomado recientemente medidas para aplicar la directiva de Trump.
El mandatario se ha comprometido a poner fin al uso de las papeletas por correo en todo el país antes de las elecciones de mitad de legislatura, y lleva tiempo poniendo en duda la seguridad de dichas papeletas, aunque las pruebas de fraude electoral son escasas.
Restringir el voto por correo beneficiaría de manera desproporcionada a los republicanos, dado que los votantes demócratas suelen recurrir al voto por correo con mayor frecuencia que los votantes republicanos.
En junio, Talwani dictaminó que el presidente carecía de autoridad para ordenar cambios en la forma en que los estados administran las elecciones federales, señalando que, según la Constitución, corresponde a los estados determinar los requisitos de elegibilidad de los votantes.
La jueza también señaló que las agencias federales carecen de la capacidad para elaborar listas precisas de ciudadanos para cada estado.
Los estados sostienen que sus alegaciones no son hipotéticas y que «el apresurado intento del Gobierno de cambiar las normas del voto por correo en vísperas de las elecciones de mitad de mandato de noviembre corre el riesgo de privar del derecho al voto a un número considerable de votantes».
