La administración del presidente Donald Trump acelera la construcción del llamado “muro inteligente”, un ambicioso proyecto que combina barreras físicas con inteligencia artificial (IA), cámaras, sensores y torres de vigilancia para reforzar la frontera entre Estados Unidos y México. La iniciativa, respaldada con una inversión de $46,000 millones aprobada por el Congreso para tareas de control migratorio, ya genera un intenso debate por su costo y el impacto que podría tener en las comunidades fronterizas.
De acuerdo con información de AP, el plan contempla levantar nuevos tramos de muro de acero de hasta nueve metros de altura, además de desplegar una red tecnológica capaz de detectar movimientos, analizar información en tiempo real y alertar a la Patrulla Fronteriza (CBP) mediante sistemas automatizados.
“Es un muro inteligente. No es solo una barrera. Optimiza el uso de nuestro recurso más valioso: nuestros agentes”, declaró Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), durante una comparecencia ante el Congreso.
Según la agencia mencionada, ya construye alrededor de seis millas de muro por semana y ha sumado más de 74 millas desde mediados de junio. En las zonas donde el terreno dificulta la construcción, la estrategia contempla instalar torres autónomas, sensores terrestres, cámaras térmicas y cables de fibra óptica que, apoyados por IA, podrán detectar actividad sospechosa a varios kilómetros de distancia.
El proyecto también enfrenta cuestionamientos de organizaciones civiles y grupos especializados en derechos humanos, que consideran que la creciente vigilancia podría afectar la privacidad de quienes viven cerca de la frontera y empujar a los migrantes hacia rutas más peligrosas.
“Estamos presenciando una expansión masiva de la vigilancia en las zonas fronterizas”, afirmó Ricky Garza, asesor de políticas fronterizas de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur.
Por su parte, la organización Taxpayers for Common Sense ha pedido mayor supervisión sobre el uso de los recursos públicos, recordando que proyectos similares impulsados en administraciones anteriores enfrentaron retrasos, sobrecostos y problemas tecnológicos.
