Como parte de su agenda de deportaciones masivas, el gobierno del presidente Donald Trump está ampliando drásticamente una campaña para revocar la ciudadanía de estadounidenses naturalizados, mediante la presentación de decenas de demandas ante tribunales federales en las últimas semanas, incluidas cinco en el sur de la Florida.
El Departamento de Justicia anunció esta semana que había presentado 40 demandas civiles para revocar la ciudadanía estadounidense en todo el país desde agosto. Los casos están dirigidos contra personas a las que el departamento acusa de haber ocultado actividades delictivas, falsificado sus identidades o mentido al gobierno para obtener la ciudadanía.
Un empresario de Miami condenado por evasión de impuestos, una mujer de Hialeah condenada por conspiración para lavar dinero y una residente de West Palm Beach condenada por participar en un esquema de fraude tributario podrían perder la ciudadanía como parte de estos esfuerzos. También podrían perderla un exalcalde de North Miami nacido en Haití, un cubanoamericano condenado por fraude a Medicare y un exembajador estadounidense encarcelado por espiar durante décadas para Cuba.
La iniciativa tiene su origen en un memorando que un alto funcionario del Departamento de Justicia envió a la sección de litigios civiles, en el que ordenaba dar prioridad a los casos de revocación de ciudadanía. El documento identificaba casos relacionados con presuntas amenazas a la seguridad nacional, delitos graves, fraude y otras circunstancias que podrían invalidar legalmente la ciudadanía.
Históricamente, Estados Unidos ha recurrido en contadas ocasiones a los procedimientos para revocar la ciudadanía. Entre 1990 y 2017, el Departamento de Justicia inició aproximadamente 305 casos de este tipo en todo el país, un promedio de unos 11 al año, según cifras publicadas anteriormente por el Miami Herald.
A principios de este año, The New York Times informó que el Departamento de Justicia estaba asignando otros 384 casos de posible revocación de ciudadanía a las fiscalías federales de todo el país, lo que indicaba planes para una campaña de aplicación de la ley considerablemente más amplia.
Sin embargo, el gobierno ha dejado claro que pretende continuar ampliando sus esfuerzos.
«Apenas hemos arañado la superficie: vienen muchas más demandas», afirmó en julio Brett A. Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia.
Las investigaciones citadas en reportajes recientes del Transactional Records Access Clearinghouse, de la Universidad de Syracuse, también apuntan a un aumento considerable de las demandas civiles para revocar la ciudadanía durante 2026, aunque las diferencias entre las cifras publicadas y los períodos analizados dificultan las comparaciones directas.
