El rostro de Ángel Leal Jr. cambia cuando habla sobre cómo ha cambiado su vida luego de ser víctima de robo de identidad. Con indignación dice que lo que más le duele es el daño que sufre la comunidad hispana, porque los estafadores no solo lo perjudican a él.
“No tengo suficientes calificativos para describir a estas personas infrahumanas, porque eso es lo que son. Se aprovechan de la necesidad ajena, entendiendo que hay un miedo en la comunidad, entendiendo que las personas están asustadas”, explica Leal, un abogado de inmigración que ejerce en Doral, Florida y cuya imagen, nombre y hasta su voz han sido clonadas con inteligencia artificial para engañar a inmigrantes desesperados que buscan regularizar su situación.
Leal contiene la rabia cuando describe que el fraude incluye contratos falsos con el logo de su bufete, firmas apócrifas, sitios de internet que imitan su página web con variaciones mínimas y, lo más perturbador, audiencias de inmigración completamente fabricadas en las que la víctima cree que le están concediendo una residencia o ciudadanía. “Todo es mentira, hasta esos extremos han llegado”, afirma.
El caso de Leal no es una excepción. La Comisión Federal de Comercio (FTC) reportó que en 2025 se registraron más de 1 millón de denuncias de estafas de suplantación de identidad en Estados Unidos, con pérdidas que superaron los 3,500 millones de dólares, un incremento de casi el 20% respecto a los 2,950 millones reportados en 2024. En mayo de 2026, el FBI en Chicago emitió una advertencia pública sobre estafadores que se hacen pasar por abogados y funcionarios de inmigración en todo el país.
Según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, el sistema de cortes de inmigración tenía pendientes 3,318,099 casos activos al cierre de febrero de 2026, de los cuales el 70% —más de 2.3 millones— corresponde a solicitantes de asilo que aguardan audiencias.
Con millones de familias atrapadas en ese limbo legal, la demanda de abogados de inmigración es muy superior a la oferta de servicios legales legítimos. Hasta marzo pasado, solo el 32.8% de los inmigrantes tenía un abogado cuando se emitió una orden de deportación, según datos de TRAC.
“Hay mucho miedo debido a las políticas migratorias de Trump y por eso muchas personas quieren arreglar su situación”, afirma Adonia Simpson, subdirectora de política y servicios pro bono de la American Bar Association (ABA), la organización voluntaria de abogados y estudiantes de derecho más grande de Estados Unidos.
Simpson dijo a Noticias Telemundo que los fraudes migratorios y la suplantación de identidad no son nuevos, pero la combinación de inteligencia artificial, miedo comunitario y redes sociales los ha llevado a otra dimensión: “Hemos visto muchos usos de tecnología con inteligencia artificial: videos, fotos, contratos que pueden verse reales. Y muchas personas están en una situación difícil con mucho temor porque tienen un familiar en detención”.
La suplantación no se limita a individuos. La American Bar Association también fue víctima del mismo fraude. Adonia Simpson, la subdirectora de política y servicios pro bono de la ABA, dijo que en el verano de 2024 comenzaron a llegar llamadas a la sede de Washington D.C. de personas preguntando por el estado de sus casos.
“Generalmente en ABA no hacemos servicios directos”, explica. “Estábamos bien confundidos sobre qué estaba pasando”. Al investigar, encontraron contratos con el logo de la ABA —a veces una versión antigua y distorsionada del logo— que prometían servicios de fianza, residencia y representación ante cortes de inmigración, firmados por abogados cuya identidad también había sido robada. “Los contratos estaban pidiendo pagos, pero en ABA no cobramos por los servicios que ofrecemos, y nunca vamos a pedir pagos por Zelle o WhatsApp o wire transfer”.
Simpson también describe cómo han evolucionado los métodos delictivos: cuando la ABA publicó un comunicado aclarando que no cobra por sus servicios, los estafadores ajustaron sus contratos para indicar que la representación era “pro bono”, pero añadieron una larga lista de gastos ficticios como primas por “riesgo de fuga” u honorarios inexistentes del Gobierno, llegando a cobrar altas sumas por cosas que no tienen ninguna base legal. “Las personas están pagando miles de dólares por esos servicios fraudulentos”, asevera.
En Philadelphia, Eric Barragán Ramírez, representante acreditado de Caridades Católicas, descubrió que su nombre —con la imagen de otra persona— aparecía en un sitio web fraudulento que aparentaba ser un despacho con dirección en Washington D.C. Los representantes acreditados no son abogados, pero son personas autorizadas por el Departamento de Justicia para brindar asesoría legal limitada en inmigración desde una organización sin fines de lucro reconocida.
Cuando Barragán revisó el dominio de la página web, encontró que el sitio había sido registrado en Colombia y agrupaba a múltiples representantes acreditados tomados de la lista pública del Departamento de Justicia, que es precisamente la fuente que legitima su ejercicio profesional ante la ley. “Resulta que todas las personas que están en ese sitio web eran representantes acreditados. De alguna manera estaban focalizados en atacar a este grupo”, dice Barragán.
