Agentes federales armados están llamando a las puertas de viviendas en distintos estados de Estados Unidos para preguntar a sus residentes sobre su estatus migratorio y si se han registrado para votar o han participado en elecciones anteriores. La operación, impulsada por el gobierno de Donald Trump, ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos civiles, que advierten sobre el riesgo de intimidar a ciudadanos con derecho al voto.
Una investigación de CBS News reveló que las visitas forman parte de una campaña para identificar a posibles votantes no ciudadanos antes de las elecciones de mitad de mandato. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que podría haber hasta 250,000 personas no ciudadanas registradas para votar, aunque especialistas electorales cuestionan la precisión de esa cifra.
Para Jessica Marsden, abogada de Protect Democracy, el despliegue representa una intervención inusual del gobierno federal en los procesos electorales estatales. La organización ha demandado a la agencia por las visitas domiciliarias.
La abogada advirtió que la estrategia podría disuadir a personas que sí cumplen los requisitos para votar. Su preocupación es que la presencia de agentes armados termine generando miedo entre comunidades enteras, incluso entre ciudadanos estadounidenses.
Las visitas se intensificaron en septiembre y continuaron durante el fin de semana previo al reporte. Además, el Departamento de Justicia anunció que agentes federales habían arrestado en California a más de 20 residentes permanentes acusados de registrarse o votar sin tener derecho a hacerlo.
Uno de los casos involucra a un hombre de 72 años originario de Belice, quien fue sacado de su vivienda en pijama y detenido por presuntamente haber votado en cuatro elecciones. Las acusaciones, como las de otros implicados, deben distinguirse de una condena judicial.
En otro caso, Mariana Alexandra Dewey, ciudadana peruana, fue acusada de cuatro delitos relacionados con fraude electoral, incluido el supuesto voto irregular en las elecciones de 2024. Según la investigación, su caso todavía no había sido juzgado.
El DHS defendió la operación. Un portavoz aseguró que la agencia investiga el fraude electoral y busca garantizar que únicamente los ciudadanos estadounidenses elijan a sus representantes. También sostuvo que quienes se encuentran legalmente en el país y no infringen otras leyes no tienen motivos para temer.
