El futuro de Julian Assange, de 50 años, está finalmente en manos de la ministra británica del Interior, Priti Patel. Con fama de ser uno de los halcones (línea conservadora) más duros del Gobierno de Boris Johnson, Patel debe tomar en el plazo de dos meses la decisión de extraditar o no a Estados Unidos al cofundador de Wikileaks, que permanece actualmente en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh. Los abogados de Assange ya han anunciado la decisión de su cliente de pelear hasta el final su posible entrega. “En términos llanos y no legales, estoy obligado a enviar su caso a la ministra para que sea ella quien tome la decisión”, ha explicado al pirata informático más famoso de las últimas décadas, presente a través de videoconferencia, y a su equipo jurídico, el juez Paul Goldspring, en una de las salas del Tribunal de Magistrados de Westminster.
A mediados de marzo, el Tribunal Supremo ya rechazó la posibilidad de que Assange pudiera recurrir. Argumentaban sus abogados que el posible riesgo de suicidio en una prisión estadounidense era muy elevado, pero no lograron convencer a los magistrados del alto tribunal. Esa última sentencia despejaba la vía para la extradición, y por eso el juez Goldspring se ha limitado a explicar que sus manos estaban atadas.
Aquel fallo puso fin a un proceso judicial que arrancó el 21 de enero de 2021, cuando la jueza Vanesa Baraitser, de primera instancia, denegó la entrega del acusado al considerar que presentaba riesgo de suicidio y que las condiciones penitenciarias en EE UU podían exacerbarlo.
La ministra Patel solo puede ejercer su prerrogativa de prohibir la extradición en casos específicos amparados por la Ley de Extradición de 2003 y siempre conforme a los acuerdos con el país demandante, en este caso, EE UU. La eventual decisión de Patel podrá ser recurrida por las partes ―la justicia estadounidense o Assange― pero solo si el Tribunal Superior lo autoriza.
Assange, que ha utilizado su telecomparecencia para lanzar un mensaje de afecto a su esposa ―ha formado un corazón con los dedos de las manos― permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso. Él y la abogada Stella Moris, de 37 años, se casaron por poderes el mes pasado, y tienen dos hijos en común, concebidos durante los siete años que Assange pasó refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.
Si no hubiera ningún recurso, la extradición se produciría en los 28 días siguientes de haber sido autorizada por la ministra, de acuerdo con la página web del Gobierno. La defensa de Assange tendría aún la opción de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
